El Congreso de la Ciudad de México ha dado un paso firme hacia la erradicación de la corrupción inmobiliaria con la aprobación de un dictamen que penaliza severamente a los servidores públicos que faciliten la construcción de inmuebles sin cumplir con los requisitos legales establecidos. Las sanciones contempladas en la nueva legislación van desde los 10 hasta los 20 años de prisión, marcando un precedente en la lucha contra este tipo de corrupción que tanto ha afectado al desarrollo urbano de la capital.

El diputado José Octavio Rivero Villaseñor, de MORENA y presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, fue el encargado de fundamentar el dictamen. Explicó que el objetivo de estas reformas es castigar las acciones u omisiones de los funcionarios públicos que permitan la construcción de edificaciones ilegales, añadiendo un capítulo específico en el Código Penal para el Distrito Federal dedicado a prevenir y combatir la corrupción inmobiliaria.

La modificación legislativa, propuesta inicialmente por el jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, introduce el capítulo XV y el artículo 276 Quater al Título Décimo Octavo del Libro Segundo del Código Penal, poniendo especial énfasis en las violaciones a las normativas de construcción que enriquecen ilícitamente a los implicados y sus redes de conexiones.

Mientras algunos legisladores como Federico Chávez Semerena del PAN argumentan que la problemática debería abordarse desde un ángulo administrativo más que penal, dada la complejidad del sistema de permisos de construcción, otros como Martha Soledad Ávila Ventura de MORENA aplauden la medida, señalando la urgente necesidad de desmantelar las redes de corrupción que han permitido el enriquecimiento a costa de la legalidad y el bienestar ciudadano.

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