Ciudad de México, 7 de marzo de 2024 – En un giro reciente en el caso Odebrecht, la Fiscalía General de la República (FGR) y Petróleos Mexicanos (Pemex) han impugnado el amparo concedido a Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, que ordenaba su liberación provisional. Este recurso de revisión se dirige contra la resolución del magistrado Juan Pedro Contreras Navarro, del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito, que el 19 de febrero pasado, otorgó protección de la justicia al exfuncionario, marcando un precedente controversial en la justicia mexicana.

El 20 de febrero, tras más de dos años en el Reclusorio Norte, Lozoya recuperó su libertad provisional. Esta decisión se basó en la resolución del tribunal colegiado que consideró injustificada la prisión preventiva contra Lozoya, modificando sus medidas cautelares para permitirle transitar por la Ciudad de México, aunque sin salir de ella ni del país, y obligándolo a portar un brazalete electrónico y firmar el libro de procesados cada 15 días.

La impugnación presentada por la FGR y Pemex refleja la preocupación de ambas instituciones por lo que consideran «privilegios procesales» otorgados a Lozoya por parte del Poder Judicial federal, como señaló el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, durante la presentación de la sección Cero Impunidad en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bucio enfatizó que, a pesar de la libertad provisional, Lozoya «no ha ganado ningún juicio», sino que sigue enfrentando un proceso judicial en su contra.

Este movimiento de la FGR y Pemex no solo subraya la importancia del caso Odebrecht en el ámbito de la corrupción y la justicia en México, sino que también pone de manifiesto la lucha constante por la aplicación equitativa de la ley, independientemente de la posición o influencia de los implicados.

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