Ciudad de México, 10 de noviembre de 2023 — En una audiencia reciente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa en 2014, junto con sus representantes legales, denunciaron un preocupante «desmantelamiento» de los mecanismos establecidos para la investigación del caso. Esta situación se ha agravado debido a la «negativa» del Ejército Mexicano a proporcionar información esencial, así como por recientes amagos de investigación contra figuras clave como el ex fiscal Omar Gómez Trejo y la renuncia de Alejandro Encinas a la subsecretaría de Derechos Humanos.

Durante la audiencia, Esmeralda Arosemena de Troitiño, vicepresidenta de la CIDH, instó al Estado mexicano a «romper el pacto de silencio» que ha impedido avances significativos en la investigación y en llevar a los responsables ante la justicia. La ausencia de figuras importantes como Rosendo Gómez Piedra, fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (Ueilca), y Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, en la audiencia en Washington fue notable y criticada.

La única voz del Estado mexicano en la audiencia fue la de la embajadora ante la OEA, Luz Elena Baños, quien reafirmó el compromiso del país con la memoria, verdad, justicia y búsqueda de los estudiantes desaparecidos. Sin embargo, su lectura de la carta de Gómez Piedra, en la que se mencionaban irregularidades en la investigación anterior y se hacían señalamientos contra ex funcionarios y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), no mitigó las preocupaciones de los familiares.

Mario González, padre de uno de los estudiantes desaparecidos, expresó el sentir colectivo de los familiares, denunciando la frustración y obstaculización en la búsqueda de justicia. También resaltó la importancia de acceder a archivos militares que podrían ser clave para esclarecer los hechos. María Luisa Aguilar, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, solicitó que la CIDH supervise una revisión adicional de estos archivos y realice una visita al país para evaluar la situación.

Vidulfo Rosales, abogado de los familiares, señaló que el caso se encuentra en un momento crítico, con el mecanismo extraordinario de diálogo establecido al inicio del gobierno actual completamente desmantelado.

Este escenario pone de manifiesto los desafíos que enfrenta México en su lucha por la justicia y la verdad en uno de los casos más emblemáticos de desaparición forzada en su historia reciente. La audiencia ante la CIDH resalta la urgencia de una acción concertada y transparente para responder a las demandas de justicia de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

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