Ciudad de México, 1 de marzo de 2024. Con el inicio oficial de las campañas presidenciales este viernes, México se adentra en la fase decisiva del proceso electoral más caro de su historia, estimado en 66 mil millones de pesos. Esta cifra, que incluye tanto los comicios federales como los estatales, marca un incremento del 50% en comparación con el proceso de 2018, que tuvo un costo de 45 mil millones de pesos.

Este significativo aumento en el gasto electoral refleja no solo la complejidad y la envergadura de la maquinaria electoral mexicana, sino también el elevado financiamiento público destinado a los partidos políticos. En este ciclo, las prerrogativas federales y estatales para los partidos sumarán 18 mil 487 millones de pesos, destacando Morena como el mayor beneficiario con un total de 5 mil 37 millones de pesos destinados tanto para gasto ordinario como para campañas electorales.

El escenario se complica con la compactación del calendario electoral, resultado de reformas recientes que han llevado a un ciclo constante de gasto millonario cada tres años. A pesar de los esfuerzos del gobierno por reducir este gasto, la oposición ha rechazado cualquier intento por ajustar el presupuesto de los organismos electorales, lo que ha mantenido intactas las estructuras y los costos asociados.

El Instituto Nacional Electoral (INE) ejercerá un presupuesto de 22 mil 322 millones de pesos para estas elecciones, un aumento de casi 5 mil millones respecto a 2018. A esto se suma el gasto de los organismos públicos locales electorales (Oples), que ascenderá a 17 mil 445 millones de pesos, en medio de controversias por ajustes presupuestales en estados gobernados por Morena, que han solicitado ampliaciones debido a la insuficiencia de recursos para cubrir el costo de sus elecciones.

En el ámbito de la justicia electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contará con un presupuesto de 3 mil 622 millones de pesos, mientras que los tribunales locales dispondrán de poco más de 2 mil 600 millones.

Este proceso electoral resalta la tensión entre el financiamiento público de los partidos, diseñado para favorecer la fiscalización y reducir el riesgo de ingreso de dinero ilícito, y las críticas al creciente costo del sistema electoral. La reciente iniciativa presidencial buscaba abordar estas preocupaciones, proponiendo una simplificación del sistema mediante la fusión de los Oples en un único organismo nacional, una propuesta rechazada por la oposición.

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