CDMX a 5 de abril, 2024.- La reciente decisión de un Tribunal Colegiado de otorgar prisión domiciliaria a Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República, ha provocado una fuerte reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien criticó duramente al Poder Judicial, calificándolo de «muy conservador» y alejado de los intereses del pueblo. En su conferencia matutina, AMLO expresó su descontento con lo que considera una rapidez y eficacia selectiva en el manejo de casos que involucran a figuras de alto perfil, contrastando drásticamente con la lentitud en procesos de individuos sin recursos o influencias.

 

Murillo Karam, vinculado a graves delitos como desaparición forzada y tortura en el contexto del caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, representa para López Obrador un ejemplo de cómo «los de arriba» se benefician de un sistema judicial que favorece a aquellos con los medios para «comprar su inocencia». La crítica del mandatario no solo se centró en la aparente inequidad del sistema judicial, sino también en la acusación de que el Poder Judicial actúa bajo una «identificación ideológica» con la élite, defendiendo intereses oligárquicos en detrimento del pueblo.

 

Además, el presidente mexicano anunció que la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, presentará próximamente un informe detallando intentos del Poder Judicial por declarar inconstitucionales diversas leyes promovidas por su gobierno. Este movimiento se interpreta como un ataque directo a las reformas e iniciativas que buscan beneficiar al grueso de la población, mostrando un claro conflicto entre los poderes del Estado y reforzando la percepción de un Poder Judicial desconectado de las necesidades y realidades del pueblo mexicano.

 

La controversia subraya la urgencia de una reforma judicial en México, según el presidente, quien aboga por un sistema en el que la ciudadanía tenga un papel más activo en la elección de jueces, ministros y magistrados. Este llamado a la democratización del Poder Judicial refleja una visión de un sistema de justicia más inclusivo y representativo, donde las decisiones y acciones judiciales sean verdaderamente reflejo de la voluntad y los intereses del pueblo.

 

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