La iniciativa conjunta presentada por los diputados del PAN, PRI y PRD tiene como objetivo fundamental reformar la Ley General de Salud para asegurar el abasto de medicamentos y establecer la obligación de las instituciones de salud pública de reembolsar gastos a derechohabientes, beneficiarios y la población sin seguridad social en casos de escasez.

Generar una respuesta frente a propuestas que consideran “absurdas e ineficaces del gobierno federal”, como la instauración de una Megafarmacia que, según un comunicado de prensa, no solucionará el desabasto y prolongará los tiempos de traslado de medicamentos, es la meta de Laura Barrera Fortoul, Éctor Jaime Ramírez, Ana Laura Sánchez, Frinné Azuara, Marcelino Castañeda, Leticia Zepeda, Martha Estela Romo, Mariana Nassar, Vicente Verastegui Ostos, Juan Carlos Maturino, María del Carmen Escudero y Mariana Mancillas, legisladores que respaldaron este posicionamiento.

Respecto al suministro del tratamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que el Estado tiene la obligación de realizarlo de manera oportuna, continua y constante. Es crucial considerar el estado de salud del paciente y sus necesidades médicas y clínicas, especialmente en patologías donde el éxito del tratamiento depende esencialmente del cumplimiento óptimo en la toma de medicamentos. En casos de interrupción, las autoridades responsables deben reembolsar los gastos erogados al quejoso.

“Nos sumamos a la iniciativa del Diputado @ectorjaime, para garantizar el abasto de medicamentos, cuando lo necesites, en caso de que tengas que comprarlos el gobierno tendrá que reembolsarte.
Para la Coalición Legislativa #PRI, #PAN #PRD, la salud de las y los mexicanos es prioridad‼”, publicó en redes sociales Barrera Fortoul.

Los prestadores de servicios de salud tedrían un plazo de 90 días, una vez aprobada la reforma y que entre en vigor, para establecer los procedimientos necesarios, al tomar en consideración las asignaciones anuales del Presupuesto de Egresos de la Federación.

En el caso de acudir a servicios privados o sociales de salud, el retorno de los recursos será efectivo, siempre y cuando los insumos para la salud estén registrados en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud. Además, la prescripción o indicación por profesionales de las instituciones públicas prestadoras de servicios de salud de medicamentos, dispositivos médicos, requerimientos médicos y clínicos, y demás insumos para la salud, constituiría el fundamento esencial para la implementación de este mecanismo.

“Por ideas como la megafarmacia, el gasto de bolsillo de los mexicanos en salud está incrementando, situándose en 38.8% del gasto total en salud. Según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2022 del INEGI analizados por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), un hogar afiliado al IMSS gasta un promedio de 5 mil 350 pesos al año en gastos privados, para adquirir los medicamentos que el sector público no le otorga”, se asentó al recordar que el propio gobierno ha reconocido que en los últimos años se han dejado de surtir 45 millones de recetas.

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